Allegar más recursos por la vía tributaria es, por lo general, la salida más expedita, pero en medio de las tribulaciones que nos ha causado la pandemia del Covid esa alternativa puede resultar contraproducente en estos momentos.

Y una de ellas ha sido la de consensuar una política de nive­lación de precios, promover algún aumento salarial y apostar con fuertes inversiones a la producción agropecuaria.

Esta ha sido una insistente propuesta del Listín.

Es en este escenario en el que el gobierno debe concentrar todas las fuerzas de su artillería financiera, para lograr que la comida llegue barata a los consumidores sin lesionar los legítimos márgenes de ganancia de los productores, a los cuales ha apoyado con subsidios indirectos y financia­mientos a tasa cero en algunos rubros.

Otro de sus sacrificios más ostensibles ha sido el de ab­sorber las alzas en el precio internacional del petróleo para no traspasarlas a los usuarios, lo que equivaldría a encender la mecha de la carestía en los servicios de trans­porte, tanto de pasajeros como de mercancías, atizando los riesgos de estallidos sociales.

En el pasado reciente el gobierno promovió acuerdos con suplidores y fabricantes de productos de la construc­ción, para transparentar sus estructuras de costos y evitar aumentos en un momento en que se promueve la reacti­vación del mercado inmobiliario con “Familia feliz” y otros proyectos, y lo mismo hizo con los fabricantes de panes.

Así ocurrirá ahora con la mesa de análisis de los precios en alza, de la que se espera en diez días un catálogo de medidas para enfrentar la escalada.

Hasta ahora, la tónica del consenso sustituye a la de las medidas unilaterales o de fuerza para imponer controles.

Los sectores convocados deben ser los primeros en po­ner de lado intereses mercuriales para comprometerse con una política de mitigación inflacionaria que preserve la paz social y la buena marcha de la economía.