Publicado el : 9/24/2020 12:00:00 AM por Admin

El día más aterrador de la vida de María del Carmen comenzó con una llamada telefónica que, en un principio, la alegró.

Nació en México, pero ha pasado los últimos 24 años trabajando como empleada doméstica en Filadelfia, y tenía una docena de clientes habituales antes del inicio de la pandemia. En abril, tenía tres. Los bancos de alimentos se volvieron esenciales para que ella y sus tres hijos pudieran comer. Para ganar dinero extra, empezó a vender cubrebocas fabricados con su máquina de coser.

Por eso, a mediados de agosto, cuando un par de sus clientes habituales, una pareja de profesores de la Universidad de Pensilvania y sus hijos, le pidieron que fuera a limpiar su casa, ella aceptó encantada. No había nadie cuando llegó, lo cual parecía una sabia precaución, dados los lineamientos de distanciamiento social. Lo que le pareció extraño fueron las tres botellas de Lysol que había en la mesa del comedor. Tenía una rutina en cada casa, y nunca había usado desinfectante.

Del Carmen comenzó a fregar, lavar la ropa y planchar. Después de unas horas, salió a tirar la basura. Una vecina la vio y casi gritó: “María, ¿qué estás haciendo aquí?”. Los profesores y sus hijos, dijo la vecina, habían contraído el coronavirus.

“Estaba aterrada”, recordó Del Carmen. “Empecé a llorar. Luego me fui a casa, me quité toda la ropa, me bañé, me metí en la cama, y durante la noche y el día siguiente, esperé a que me diera coronavirus”.

Nunca se enfermó, pero aún está enfadada. A sus 58 años y, según dice, con sobrepeso, se considera de los grupos de alto riesgo. Por eso nunca se quitó el cubrebocas mientras limpiaba ese día, una medida que cree que pudo haberle salvado la vida.

“Hay mucha gente que no quiere desinfectar sus propios hogares, así que llaman a una empleada doméstica”, dijo.

La pandemia ha tenido consecuencias devastadoras para una gran variedad de ocupaciones, pero los empleados domésticos han sido los más afectados. El 72 por ciento reportó haber perdido todos sus clientes durante la primera semana de abril, según una encuesta de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar. Quienes tenían suerte contaban con empleadores que les seguían pagando. Los desafortunados llamaban o enviaban mensajes de texto a sus empleadores y no recibían respuesta. No fueron despedidos, sino ignorados en masa.

Desde julio, las horas de trabajo han empezado a aumentar, aunque muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, y a menudo con salarios más bajos.

“Nos estancamos en un nivel de empleo del 40 por ciento en nuestras encuestas realizadas a los miembros”, dijo Ai-jen Poo, directora ejecutiva de la alianza. “Y como la mayoría de estas personas son indocumentadas, no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. Estamos hablando de una crisis humanitaria total, una situación del nivel de la época de la Gran Depresión para esta fuerza de trabajo”.

El calvario de los trabajadores domésticos es un caso de estudio en cuanto a las maneras tan desiguales en que la pandemia ha infligido sufrimiento. Sus salarios disminuyeron, en muchos casos, porque los empleadores se fueron a sus casas vacacionales o porque esos empleadores podían trabajar desde casa y no querían visitas. Pocos trabajadores domésticos tienen ahorros, y mucho menos tienen acciones en la bolsa, lo que significa que están luchando para conseguir unos cuantos dólares mientras que sus clientes más adinerados están prosperando gracias al reciente mercado alcista.

En una decena de entrevistas, los empleados de limpieza en un puñado de ciudades de todo el país describieron sus sentimientos de miedo y desesperación durante los últimos seis meses. Algunos dijeron que el dolor se había aliviado con actos de generosidad, principalmente anticipos para futuros trabajos. Muchos más dijeron que, sin siquiera una conversación, fueron suspendidos, o tal vez despedidos.

Una de ellas es Vicenta, una mexicana de 42 años que vive en Los Ángeles y que, como muchos de los contactados para este artículo, no quiso que se publicara su apellido porque vive en el país sin permiso legal.

Durante diez años, había ganado 2000 dólares al mes limpiando dos opulentas casas en comunidades cerradas en Malibú, California. Esto incluyó varias semanas agotadoras en 2018, cuando los incendios se extendieron lo suficiente como para cubrir ambas casas con cenizas. Tres veces por semana, visitaba ambas viviendas y limpiaba la ceniza de los pisos, las ventanas, las paredes y también a un pequeño y esponjoso perro llamado Bobby, que vivía con una de las familias.

Vicenta no recibió nada adicional por el tiempo extra que le tomó limpiar esas casas durante los incendios. Se habría conformado con un vaso de agua, dijo, pero ninguna familia le ofreció uno.

“Hacía un calor increíble y me dolía mucho la boca y la garganta”, recordó. “Debí haber visto a un doctor, pero no tenemos seguro médico”.

Si Vicenta pensó que sus años de servicio habían acumulado algo de buena voluntad, se equivocó. A principios de mayo, ambas familias llamaron y le dejaron un mensaje a su hijo de 16 años para explicarle que, por el momento, no podía ir a sus casas a limpiar. Se habló vagamente de pedirle que volviera después, pero los mensajes que dejó a las familias para que le explicaran no recibieron respuesta.

“La mayoría de las veces me siento muy triste”, dijo Vicenta. “Mis hijos nacieron aquí, por lo que reciben cupones de comida, pero mi marido perdió su trabajo como cocinero en un restaurante el año pasado, y llevamos tres meses de atraso en los pagos de la renta. No sé qué pasará después”.

Durante mucho tiempo, los trabajadores domésticos han tenido una posición singularmente precaria en el mercado laboral de Estados Unidos. Mucha gente todavía se refiere a ellos como “ayudantes”, lo que hace que el trabajo suene como algo que no es una ocupación. El Instituto de Política Económica reveló que los 2,2 millones de trabajadores domésticos del país —un grupo que incluye a las amas de casa, los trabajadores de cuidado infantil y los ayudantes de atención médica domiciliaria— ganan un promedio de 12,01 dólares por hora y tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza que otros trabajadores que reciben sueldos por hora. Pocos tienen los beneficios que son comunes en la fuerza laboral de Estados Unidos como licencias por enfermedad, seguro médico, contratos formales o protección contra despidos injustificados.

Ese estatus de clase baja se remonta al siglo XIX, según los historiadores, y está directamente relacionado con el racismo. En ese entonces, el trabajo doméstico era una de las pocas formas en que las mujeres negras podían ganar dinero, y hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de esas mujeres vivían en el sur de Estados Unidos. Durante la era de Jim Crow eran indefensas y explotadas. Lejos de la feliz mammy retratada en filmes de la cultura popular como Lo que el viento se llevó, estas mujeres eran maltratadas y trabajaban demasiado. En 1912, una publicación llamada The Independent publicó un ensayo de una mujer identificada como “Enfermera negra”, que describía jornadas de 14 horas, siete días a la semana, por 10 dólares al mes.

“Vivo una vida sacrificada”, escribió. “Veo a mis propios hijos solo cuando me ven en las calles”.

En 1935, el gobierno federal casi codificó las duras condiciones del trabajo doméstico con la aprobación de la Ley de Seguridad Social. La ley fue la coronación del New Deal, al proporcionar beneficios de jubilación, así como el primer programa nacional de compensación por desempleo, una red de seguridad que fue invaluable durante la Depresión. Pero la ley excluía dos categorías de empleo: los trabajadores domésticos y los trabajadores agrícolas, trabajos que eran más esenciales para las mujeres y los hombres negros, respectivamente.

Los pocos negros invitados a intervenir en el proyecto de ley señalaron lo obvio. En febrero de 1935, Charles Hamilton Houston, quien en ese entonces era el consejero especial de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), testificó ante el Comité de Finanzas del Senado y dijo que, desde el punto de vista del pueblo negro, el proyecto de ley “parece un colador con los agujeros lo suficientemente grandes para que la mayoría de las personas negras caigan”.

La historiadora Mary Poole, autora de The Segregated Origins of Social Security, examinó las notas, diarios y transcripciones creadas durante la aprobación de la ley y encontró que las personas negras fueron excluidas, pero no porque los sureños blancos que controlaban el Congreso en ese momento insistieran en eso. La verdad era más preocupante, y más matizada. Los miembros del gobierno de Franklin D. Roosevelt —en particular el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr.— persuadieron a los líderes del Congreso de que la ley sería mucho más simple de administrar, y por lo tanto mucho más probable que tuviera éxito, si las dos ocupaciones se dejaban fuera del proyecto de ley.

En los años siguientes, los trabajadores domésticos negros siempre estuvieron a merced de los empleadores blancos. En ciudades como Nueva York, las mujeres afroestadounidenses hacían fila en algunos puntos de ciertas calles y llevaban una bolsa de papel llena de ropa de trabajo, a la espera de que las amas de casa blancas les ofrecieran trabajo, a menudo durante una o dos horas, a veces durante el día. Una reportera, Marvel Cooke, y una activista, Ella Baker, escribieron una serie de artículos en 1935 para The Crisis, la revista de la NAACP, en los que describían la vida en lo que llamaban los “mercados de esclavos” de la ciudad de Nueva York.

La popularidad de los mercados disminuyó en los años cuarenta, después de que el alcalde Fiorello La Guardia abriera las salas de contratación, donde se firmaron contratos que establecían los términos de los acuerdos de trabajo por jornada. Pero a principios de 1950, Cook descubrió que los mercados en la ciudad de Nueva York volvían a estar muy activos. En una serie de despachos en primera persona, se unió a las “brigadas de bolsas de papel” y fue de incógnito para describir la vida de las mujeres negras que estaban frente a Woolworths en la calle 170.

“Ese es el mercado de esclavos del Bronx,” escribió en The Daily Compass en enero de 1950, “donde las mujeres negras esperan, bajo la lluvia o el sol, en el frío o bajo el sol abrasador, para ser contratadas por las amas de casa locales en busca de gangas en mano de obra humana”.

Ese mismo año, el trabajo doméstico fue añadido a la Ley de Seguridad Social, y para la década de 1970 se había agregado a la legislación federal destinada a proteger a los trabajadores, incluyendo la Ley de Normas Laborales Justas. Las mujeres afroestadounidenses habían ganado muchas de esas protecciones al organizarse, aunque en la década de 1980, se habían trasladado a otras ocupaciones y fueron reemplazadas en gran medida por mujeres de América del Sur y Centroamérica, así como del Caribe.

Hoy en día, muchas amas de llaves son indocumentadas y no conocen sus derechos o tienen miedo de hacerlos valer. El tipo de organizaciones que intentaron erradicar los “mercados de esclavos” de la ciudad de Nueva York están presionando para que las leyes estatales protejan el trabajo doméstico. Nueve estados tienen leyes sobre los derechos de los trabajadores domésticos. El verano pasado, la senadora Kamala Harris presentó la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos, que garantizaría un salario mínimo y pago de horas extras, así como protecciones contra la discriminación racial. El proyecto de ley aún no ha sido aprobado, y si eso sucediera, los defensores laborales e historiadores dicen que eso solo sería el comienzo.

“Es importante conseguir un proyecto de ley federal, pero deja sin respuesta la cuestión de la aplicación”, dijo Premilla Nadasen, autora de Household Workers Unite y profesora de historia en Barnard College. “El Departamento del Trabajo está sobrecargado y tiende a no controlar a los empleadores individuales. El desequilibrio de poder entre el empleador y el trabajador se ha visto agravado durante la pandemia porque millones de personas están buscando trabajo. Y la retórica xenófoba ha hecho que las mujeres tengan más miedo a ser deportadas”.

La pandemia no solo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores domésticos ante las crisis económicas, sino su total falta de influencia. Varios empleados dijeron que tenían clientes que no dejaban limpiar a nadie que hubiera tenido COVID-19; otros conocen personas que solo contratan a sobrevivientes de esa enfermedad, bajo el supuesto de que, tras su recuperación, no suponen ningún riesgo para la salud. A los trabajadores domésticos suelen darles instrucciones estrictas sobre cómo pueden desplazarse y les preguntan si interactúan con los demás y en qué medida lo hacen. Sin embargo, ellos no saben si sus empleadores están tomando precauciones similares y, en muchos casos, no se les conceden las condiciones mínimas que forman parte del empleo formal.

“Se agradecería recibir una notificación al menos dos días antes de que alguien cancele su contrato, ya sea para avisarte o compensarte por tu tiempo”, dijo Magdalena Zylinska, una empleada doméstica de Chicago que ayudó a promover un proyecto de ley en materia de derechos de los trabajadores domésticos que se aprobó en Illinois en 2017. “Creo que mucha gente no se da cuenta de que, si yo no trabajo, no me pagan, y aun así tengo que comprar comida, pagar recibos y servicios públicos”.

Zylinska emigró de Polonia hace más de 20 años y aún no ha recibido una sola semana de vacaciones pagadas. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue en 1997, cuando una pareja le entregó 900 dólares en efectivo, en un solo pago, por un trabajo que acababa de terminar, un trabajo que pronto haría, más un bono de vacaciones.

“La pareja dijo: ‘Feliz Navidad, Maggie’”, relató. “Recuerdo que conté ese dinero cuatro veces”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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