El más elocuente ejemplo de lucha contra la corrupción, sin paños tibios, lo está dando la actual Procuraduría General de la República.
Con toda la voluntad de enderezar los viejos entuertos que han malogrado la transparencia y la institucionalidad del país, es inadmisible que el presupuesto del ministerio público para el año próximo haya sido reducido en un cinco por ciento.
Justamente en el clímax de una amplia persecución de los autores y cómplices de escandalosos desfalcos o manejos turbios de los recursos públicos y otros graves ilícitos, lo que más necesita la Procuraduría es contar con un equipo íntegro y profesional de fiscales y ayudantes.
Si encima de tantos riesgos sufren la precariedad de no contar con remuneraciones adecuadas y fondos suficientes para cumplir con su misión, enfrentándose a intereses poderosos y fuerzas capaces de retaliación criminal, la lucha que libran para limpiar a la sociedad de esta plaga de la corrupción quedaría mediatizada, por no decir malograda.
Con el inexplicable e injustificable corte que le han dado al presupuesto del ministerio público de 512.9 millones, en comparación con el también deficiente monto de fondos que le asignaron para el corriente año, no podemos pretender ir más lejos de lo que hasta ahora se ha hecho.
Que quede claro que si la mayor prioridad de la sociedad es darle la batalla a uno de sus más corrosivos flagelos, este no es el momento de cortarle las alas a los procuradores, justo en el pico de una admirable, histórica y ejemplar lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que por muchos años la ha apañado.