De esa partida, 600 millones se destinarán exclusivamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales para que puedan desarrollar servicios públicos digitales en todo el territorio. Su objetivo es mejorar la accesibilidad de los mismos a los ciudadanos y empresas mediante la digitalización de importantes ámbitos tractores como la sanidad, la justicia, o las políticas de empleo.
¿En qué punto estamos?
La pandemia del covid-19 ha destapado una paradoja, porque los ciudadanos (confinados durante el estado de alarma) se adaptaron y trataron de realizar todas sus gestiones online, pero muchas instituciones públicas no tenían los medios para responder. El caso más popular ha sido el del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha reconocido el caos que vivieron ante el alud ERTE que llegó durante los primeros meses de la crisis sanitaria, cuando tuvieron que tramitar las solicitudes de 3,5 millones de españoles.
Los ERTE fueron descendiendo en la desescalada y dieron paso al Ingreso Mínimo Vital o al paro. Para conceder cada una de estas prestaciones, el SEPE tiene que acceder a información de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Registro Civil. Pero al no estar conectados vía digital, el trabajo se presentaba, cuando menos, tedioso. Y no solo para sus trabajadores, también para los ciudadanos. Las páginas web no son intuitivas y generan muchas dudas.
El Ministerio de Trabajo dio respuesta a las peticiones de los trabajadores el pasado mes de noviembre, anunciando un plan a tres años para modernizar el SEPE, actualizando sus sistemas informáticos para que ofrezcan, por ejemplo, servicios personalizados de búsqueda de empleo a través del móvil. Con el uso del big data y la inteligencia artificial, ofrecerá “buena parte de las políticas activas en el móvil”, explicaba la ministra, Yolanda Díaz. Sólo tres meses después, el organismo sufrió un ciberataque que paralizó todos los servicios que presta a través de internet y afectó a la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones. Y esto mientras trabajaba mano a mano con Hacienda, de cara al inicio de la campaña de la renta, para poner en orden todos los datos de aquellos que durante 2020 habían recibido alguna ayuda por el covid-19.
La declaración de la renta es otra historia y atisba un final más positivo. A pesar de que se puede rendir cuentas a Hacienda a través de internet desde 1999, en sus inicios no era inclusivo, si tenemos en cuenta las limitaciones técnicas a las que se enfrentaban los individuos (no todos disponían de un ordenador en casa y el proceso no era factible por completo vía online). En 2014, ya se podía presentar la autoliquidación del IRPF por medios electrónicos, pero la verdadera revolución llegó en 2015, cuando la Agencia Tributaria puso en marcha el sistema Renta Web. De hecho, la administración informaba de que el primer día de la campaña de 2021 las declaraciones presentadas por la app se incrementaron un 18% respecto al pasado año.
72 millones de euros destinados a digitalizar los órganos judiciales
Otro servicio que está avanzando a pasos agigantados es la Dirección General de Tráfico (DGT), que comenzaba a digitalizarse a finales de 2019, aunque el coronavirus ha sido el verdadero impulsor. Es posible realizar telemáticamente los trámites relacionados con el permiso de conducción de un titular y con su vehículo, solicitar el duplicado del permiso, o una baja temporal o pagar una multa.
Si damos el salto al servicio judicial, también se observa que la pandemia ha permitido que se celebren juicios telemáticos, así como retransmitir en directo las vistas judiciales. Incluso en los Presupuestos Generales del Estado contemplan destinar este año 72 millones de euros para la digitalización de organismos judiciales. Con ellos, se quieren implantar nuevos sistemas de videograbación y transcripción automática de las vistas para cuando las sentencias se dicten oralmente, entre otras circunstancias.
Grosso modo, si analizamos la transformación digital del sector público hasta la fecha, cabe preguntarse hacia dónde vamos o cómo lo están haciendo en otros países. Y aquí hay que hacer mención a la importancia del término GovTech (Government & Technology), referido a los esfuerzos realizados para digitalizar las administraciones públicas a través de la innovación. Un estudio realizado por McKinsey concluye que la percepción general sobre la capacidad de innovación de la administración pública no es positiva, al reflejar que el 80% de los proyectos de transformación no funcionan y la ciudadanía valora menos los servicios públicos que recibe en comparación con los que ofrecen las empresas privadas.
Fibratel, un integrador global de soluciones TI, que ha realizado varios proyectos de digitalización en el sector público (en el ayuntamiento de Sevilla o en el de Granada, entre otros), señala en otro estudio que los trámites de la administración pública española podrían agilizarse hasta un 50% en los próximos años si se llevara a cabo un proceso de transformación digital. La compañía destacaba que el tratamiento y análisis de datos, realizados por sistemas digitales integrados, permite llevar a cabo en cuestión de horas lo que antes necesitaba de archivos físicos, listados manuales y altos niveles de personal. Según la compañía, uno de los retos asociados a la transformación digital está relacionado con la reducción de la brecha digital, puesto que el 27% de los trabajadores mayores de 50 años desempeña su actividad dentro de la administración pública.
El euro digital para afrontar los cambios globales en los pagos
Precisamente, el comportamiento de la generación sénior es el que más ha sorprendido durante esta crisis sanitaria, pues ahora es mucho más activa en las compras y pagos online. Y ante este escenario, donde todas las generaciones se están familiarizando con el comercio electrónico, las aplicaciones de pago o las criptomonedas, el Banco Central Europeo (BCE) se ha propuesto crear el euro digital. La marca se registró el pasado 22 de septiembre pero su lanzamiento aún no es definitivo, aunque el periodo de consulta pública concluyó el pasado 12 de enero y no será hasta mediados de 2021 cuando decidirán si lo lanzan definitivamente.
Actualmente, se encuentra en una fase de supervisión, donde los expertos estudian las ventajas y desventajas de las Central Bank Digital Currencies (CBDC), o lo que es lo mismo, el dinero digital de los bancos centrales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, justifica su aparición ante la necesidad de estar al tanto de los cambios globales en los pagos. Pues, las nuevas tecnologías podrían mejorar la eficiencia de las transacciones financieras y poner a Europa “a la vanguardia de la innovación”. Eso sí, de salir adelante, nunca sustituirá al efectivo. Es decir, convivirá con los billetes y las monedas físicas “para evitar exclusiones financieras”.
Según un informe de Deutsche Bank, se desprende que casi el 80% de los bancos centrales mundiales están investigando si una moneda digital propia beneficia a su economía. China es de los países más avanzados porque ya ha lanzado su propio yuan digital. Mientras EEUU, como Europa, trabaja en el dólar digital. Los últimos datos del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), publicado por la Comisión Europea, muestran que España se encuentra (tras Estonia) en el segundo puesto de la Unión Europea en cuanto a servicios públicos digitales. Es decir, que el rendimiento digital de nuestra Administración Pública es el segundo mejor del continente.